El Consejo de Ministros ha acordado la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental, en la que se compromete a adoptar 30 líneas de acción prioritarias, cinco de ellas en los primeros 100 días, para combatir el cambio climático con políticas transversales.

La Declaración se inicia constatando el consenso generalizado de la comunidad científica sobre el impacto “sin precedentes” que el actual modelo de desarrollo ha tenido sobre el sistema climático. Ante este desafío, el acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española, generando empleo de calidad.

Hay que impulsar las sinergias entre las acciones por el clima y la conservación de la naturaleza, ambas fundamentales para garantizar el bienestar y la supervivencia de la humanidad y del planeta.

Se trata, tal y como la define el Acuerdo, de un proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política.

De esta manera, se encauza el proceso de transformación en positivo de nuestra economía y de nuestra sociedad, que se basa en la ciencia y en el principio de prudencia económica, contribuyendo a asegurar las oportunidades de los más jóvenes, la justicia intergeneracional y una mayor equidad y disminución de la desigualdad en las generaciones actuales.

En este sentido, la Declaración subraya que la emergencia climática promoverá respuestas que acompañen a aquellos sectores, colectivos y territorios más directamente amenazados por los impactos físicos o los cambios exigidos por la seguridad climática, con el fin de garantizar una transición justa y no dejar a nadie atrás.

Desde el gobierno local se va a desarrollar una activa política por el clima, adoptando medidas para mitigar los efectos del cambio climático en el municipio ilicitano.

Compromisos políticos

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros 100 días de acción de Gobierno. Se trata del marco regulatorio fundamental que es el que inspirará al resto de acciones que han de acometerse en todos los niveles de la Administración. Cumpliendo este plazo, el Ejecutivo se compromete a:

1. Remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que garantice la obligación de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, sobre la base de un sistema eléctrico 100% renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0gCO2/km, y un sistema agrario neutro en CO2 equivalente; así como de un sistema fi¬scal y presupuestario y un sistema financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad. En la que se dispondrán, integrando la perspectiva de género, medidas específi¬cas que impulsen la creación de empleo de calidad, la mejora de la salud y calidad de vida de la ciudadanía.
2. Definir la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país, de forma ordenada, asegurando el objetivo de neutralidad climática a más tardar en el año 2050.
3. Invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.
4. Reforzar los mecanismos de participación ya existentes y garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición tendrá en cuenta el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres e incluirá la participación de los jóvenes.
5. Impulsar, apoyar y acompañar la transformación de nuestro modelo industrial y agrario, así como del sector servicios, de modo que favorezcan la sostenibilidad de las actividades económicas y el empleo de calidad, y que integren adecuadamente las externalidades ambientales, favorezcan la e¬ficiencia y la innovación y la compatibilidad de sus estrategias de negocio con los límites ambientales.