Desde el Ajuntament d’Elx se trabaja intensamente para conocer mejor el fenómeno de la economía sumergida en el municipio, para así poder proponer vías de actuación.
En diciembre de 2016, se constituyó la “Mesa de Trabajo contra la Economía Sumergida”, formada por una amplia representación profesional, empresarial, sindical e institucional.
Instrumento destacado de la estrategia municipal para combatir la economía sumergida es el estudio llevado a cabo para conocer cuál es la percepción ciudadana sobre este fenómeno.
El estudio “Percepción de la ciudadanía de Elche sobre la economía sumergida”, encargado a la Universidad Miguel Hernández de Elche, se ha realizado sobre una muestra de 658 entrevistas.
Resumidamente estas son algunas de las conclusiones del estudio presentado por el Instituto Universitario de Investigación CIO de la UMH:
Para un 70%, la ciudadanía ilicitana es responsable o muy responsable en el cumplimiento de las leyes (civiles y tributarias) y, para un 78%, es responsable o muy responsable con respecto al pago de impuestos.
En contraste, casi el 90% de la población opina que estas prácticas son frecuentes o muy frecuentes, especialmente en sectores como el calzado (moderada o mucha 81,5%), servicio doméstico (moderada o mucha 72,2%), reparaciones domésticas (moderada o mucha 65,8%), personas dedicadas al cuidado de personas ancianas y menores (moderada o mucha 62,8%) y hostelería (moderada o mucha 53,6%).
Adicionalmente, un 44% cree que el tamaño de la economía sumergida se ha incrementado desde el inicio de la última crisis económica.
El 82,4% de la ciudadanía ilicitana tolera y vive con normalidad la existencia de economía sumergida en el municipio.
El colectivo apuntado como el más beneficiado por la economía sumergida es el empresarial, opinión respaldada por un 53,5%, frente a un 3% que destaca a las personas trabajadoras como las más beneficiadas, y un 13,7% que da el mismo peso a ambos.
El grupo que se percibe como el más perjudicado por la economía sumergida es el de las personas que percibirán una pensión en el futuro. Le sigue en importancia el de las empresas que trabajan legalmente y sufren competencia desleal.
Un 88% reconoce que trabajar “bajo el paraguas” la economía sumergida reporta desventajas.
En cuanto a los colectivos a sancionar por estas prácticas, el prioritario sería el del empresariado del sector de la construcción que pide un pago en negro al comprar una vivienda, seguido del empresariado que paga parte del sueldo en negro, y del colectivo del régimen de autónomos (fontaneros, electricistas,…) que no hace facturas.
Por el contrario, la opinión no es tan clara o se decanta hacia no sancionar a las personas paradas que se dedican a hacer chapuzas, a quienes trabajan cuidando a personas ancianas y menores y, por último, a quienes trabajan en casa sin causar alta en la Seguridad Social.
La opinión de la ciudadanía, curiosamente, es muy alta a favor de no sancionar a estudiantes que dan clases particulares (80%).
El 93% de las personas encuestadas cree necesario aliviar de algún modo los efectos de la economía sumergida. Las medidas que considera relevantes para reducirla son, de mayor a menor relevancia:
- Incrementar el número de ayudas y disminuir las cargas fiscales a las personas trabajadoras.
- Aumentar las cargas fiscales a las rentas más altas.
- Aumentar el número de inspecciones de Trabajo y de Hacienda.
- Incrementar el número de ayudas y disminuir las cargas fiscales a empresas y quienes están afiliados al régimen de autónomo.
- Intensificar las inspecciones de Trabajo.