La economía sumergida es la ocultación de la actividad económica con el fin de evitar su regulación, el pago de impuestos y de cotizaciones sociales, y afecta a las personas trabajadores, empresas y a la ciudadanía en general.
Como resultado de la economía sumergida, la gente trabajadora queda al margen del marco protector de la normativa laboral y social. Se genera una competencia desleal que favorece a las empresas que no cumplen con la legislación vigente. Además, se pone en riesgo el mantenimiento de la economía del bienestar, al minorar los ingresos públicos derivados de la actividad económica. Finalmente, la entrada masiva de productos importados de países que no cumplen las normas de propiedad industrial o no respetan las exigencias en materia de calidad impuestas por la Unión Europea, puede comportar un peligro para el consumo.
La Mesa de Trabajo contra la Economía Sumergida, constituida por el Ajuntament d’Elx en 2016, ha suscrito la “Declaración de Elche contra la Economía Sumergida”.
En la “Declaración de Elche contra la Economía Sumergida” se acuerda lo siguiente:
- Rechazo a las prácticas de la economía sumergida.
- Intensificar las medidas de lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal.
- Coordinación entre las distintas administraciones.
- Más información y sensibilización – a trabajadores/as, empresas y ciudadanía- sobre los efectos de la economía sumergida.
- Simplificar los procedimientos administrativos de puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.
- Programas de apoyo a empresas y ciudadanía que faciliten el abandono de las prácticas ligadas a la economía irregular.
- Refuerzo de las políticas activas de empleo.
- Mejora de la formación profesional para quienes tienen una menor cualificación.
- Fomento del espíritu emprendedor y empresarial.
- Promoción de buenas prácticas en materia socioeconómica.
Texto completo de la “Declaración de Elche contra la Economía Sumergida”