El vicepresidente y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, ha presentado ante representantes de entidades del sector y colectivos sociales las líneas del Plan Estratégico de Vivienda Pla Hàbitat 20-30.
Este Plan se concibe como la hoja de ruta, como el instrumento operativo y participativo con el que poder garantizar la función social de la vivienda en la Comunitat y proporcionar un servicio público de calidad homologable a los referentes europeos.
El Pla Hàbitat 20-30 es un plan decenal que entiende el derecho a la vivienda como inseparable del derecho a la ciudad, postulando el derecho a un hábitat.
El Plan Estratégico de Vivienda propone un nuevo modelo de gobernanza basado en la municipalización de la gestión directa de la política de vivienda con apoyo y bajo la coordinación de la Generalitat.
Asimismo, frente al alarmante número de hogares que necesitan apoyo para acceder a una vivienda (88.000, a finales de 2019), Martínez Dalmau ha anunciado que “el reto es duplicar el parque de vivienda de interés social, aquel que reúne el parque autonómico, el local y el del tercer sector y alcanzar las 32.000 viviendas”.
Habida cuenta del peso propio del sector de la edificación y la regeneración urbana en emisiones, consumo y artificialización del hábitat, en el Plan se propone un Pacto de Transición Verde y Circular en el Hábitat por medio del cual se reduzca el consumo de energía, agua y materias primas, se eliminen los residuos y se favorezca la reutilización.
El parque construido no se ajusta a las necesidades actuales, dado que casi el 10% de las viviendas principales requieren intervención urgente y medidas de integración urbana, se intervendrán 150.000 viviendas y sus entornos urbanos con criterios de biohabitabilidad.
El Pacto de Transición Verde y Circular en el Hábitat que proporcionará, al menos, 5.000 empleos verdes netos al año en la Comunitat.
El documento presentado prevé que el Pla Hàbitat 20-30 pueda realizarse con un compromiso presupuestario siguiendo la senda de crecimiento inaugurada por el Consell en la legislatura anterior, para lo cual la Generalitat ha de destinar a política de vivienda un total de 2.200 millones de euros de aportación directa durante esta década.
El vicepresidente ha hecho alusión al reconocimiento de los derechos humanos como principio rector de toda sociedad democrática, lo que supone, ha dicho, “asumir que el disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada es un derecho que debe garantizarse para cada persona”.